Unión de Campesinos de Castilla y León, en un primer análisis de lo acordado por el Consejo de Ministros de la UE sobre la PAC 2023-2027, considera que se han descafeinado elementos importantes, otorgando un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros, para otorgar y distribuir las ayudas de la PAC. La organización seguirá insistiendo en que éstas se enfoquen hacia los agricultores y ganaderos profesionales, con una diferenciación en positivo hacia los agricultores y ganaderos a título principal (ATPs).

UCCL recuerda que este acuerdo no es definitivo y deberá ir a negociación con la posición del Parlamento, que también se ve esta semana y con la Comisión. No obstante, la orientación del Consejo, sobre la base de los documentos de compromiso de la Presidencia Alemana, permitiría a los gobiernos nacionales un amplio margen de maniobra para decidir sobre su PAC.

En este sentido, UCCL considera que los ecoesquemas van a suponer un incremento de los costes de producción en las explotaciones que no van a ser compensado con ninguna ayuda. Según la decisión alcanzada, a los ecoesquemas se debe destinar el 20% de los pagos directos y serán obligatorios para los estados miembros y voluntarios para los agricultores. “Para que un agricultor perciba lo mismo que venía cobrando por la actual PAC, tendría que tener los mismos costes de producción, si los tiene que incrementar ya no” apuntan desde la organización.

Igualmente, el Consejo propone modificar el apartado relativo a la definición de agricultor genuino y donde anteriormente la Comisión proponía que quedase garantizado “que no se conceden ayudas a la renta a aquellos cuya actividad agraria constituye solo una parte insignificante de la totalidad de sus actividades económicas, o cuya principal actividad económica no sea agraria”, propone eliminar este apartado y que los Estados definan al agricultor genuino “conforme a criterios objetivos y no discriminatorios” si ellos lo consideran oportuno.

La organización señala que esto se suma que instrumentos de redistribución de ayudas como el tope máximo a percibir por beneficiario de 100.000 euros, solo de la ayuda básica, o la degresividad de los pagos a los mayores perceptores, a partir de 65.000, han quedado de aplicación voluntaria para los países y, además, con la posibilidad de aplicar reducciones mínimas. “Solo con estas dos, se pone en cuestión la resolución de una de las mayores deficiencias históricas de la PAC, que es el injusto y desequilibrado reparto de las ayudas”, explican desde la organización.

UCCL, aunque habrá que esperar a la conclusión de los debates del Consejo, Parlamento y Comisión para la redacción definitiva, opina que es momento de que el Ministerio de Agricultura se reafirme en lo que ha venido diciendo acerca de que las ayudas sean para los profesionales del sector”, y que se fije una proporción significativa de vinculación de los ingresos a la agricultura de al menos el 25%, tal y como la organización ha venido defendiendo con insistencia y que continuará haciendo para que quede escrito en el Plan Estratégico Español.

Los ecoes suponen un incremento de los costes de producción que no va a ser compensado con ninguna ayuda los ecoesquemas para que un agricultor perciba lo mismo que un agricultor viniera a cobrar lo mismo que cobraba por la pac tendría que tener los mismos costes de producción, si los tiene que incrementar ya no.

La organización queda pendiente de hacer una valoración más pormenorizada del resto de cuestiones, entre las que da una tremenda importancia a lo que tiene que ver con la Organización Común de Mercado y los instrumentos de corrección de los desequilibrios. “Tal y como están los mercados, sería fundamental contar con herramientas eficaces para diagnosticar y reaccionar a las crisis”, apuntan desde la organización, “pero nos tememos que aquí tampoco tenemos grandes correcciones sobre lo mal que se ha respondido hasta ahora desde la PAC a las dificultades de los sectores”.

Como elemento positivo, si se confirma, Unión de Campesinos señala la prórroga hasta 2040 del mecanismo de autorizaciones de plantaciones de viñedo, cuya expiración estaba prevista para 2030, “aunque nos gustaba más el sistema de derechos cuando estaba en manos del viticultor que éste, no podemos abocarnos a una liberalización total del viñedo”.